Tania Baños tendrá que explicar al juez porqué no siguió el proceso de contratación y fraccionar un contrato

  • La alcaldesa ha sido imputada por la justicia y tendrá que declarar el próximo 30 de octubre en el juzgado de primara instancia e instrucción número 4 de Nules
  • Domínguez: “Existe una factura por más de 71.900 euros, objeto del reparo, y dos facturas más de más dude 11.000 euros que se aprobaron por junta de gobierno y que corresponden a la misma obra”

28-junio–2018.- La alcaldesa de la Vall d’Uixó, la socialista Tania Baños, tendrá que acudir en calidad de investigada a declarar ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Nules por un delito de prevaricación administrativa. 

El Partido Popular presentó una querella ante el juzgado por considerar que Tania Baños ha incurrido en un delito al levantar el reparo del interventor sobre las obras del Grupo La Unión que advertía que se había hecho en contra de la legislación vigente, en contra de los mecanismos que establece la ley para salvaguardar la libre concurrencia de las empresas para que puedan contratar con la administración.

La portavoz adjunta del PP, Gema Domínguez, ha asegurado que “Tania Baños no siguió la ley en el proceso de adjudicación porque esta obra ha costado más de 80.000 euros y se tenía que haber contratado por procedimiento abierto y ver cuál era la oferta más económica”.

Cabe señalar que la ley marca que a partir de 50.000 euros más IVA se tiene que hacer un procedimiento abierto con publicidad y que las empresas puedan presentar sus ofertas. “Pero la alcaldesa no lo ha hecho porque hay una presunta intencionalidad de actuar de forma arbitraria para que esa obra se otorgue a una empresa determinada, negando el derecho al resto de empresas de acudir en régimen competitivo y de libre concurrencia”, ha explicado Domínguez.

“No es que haya una factura, sino que hay tres contrataciones diferentes. Dos facturas se aprobaron por junta de gobierno por más de 11.000 euros y una que son más de 71.9000 euros que es la factura objeto de reparo”. Para la edil del PP, “esa presunta fragmentación de contrato era para dividir el total de las obras y no superar el límite que les obliga a hacer otro procedimiento como establece la ley”.

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